ENARSA —la energética estatal que dependía del ministro de Planificación Julio de Vido— y la YPF privada que —con el aval de la administración kirchnerista, estuvo bajo el comando de Repsol y el grupo local Eskenazi— quedaron envueltas en una nueva denuncia de sobreprecios por compras de combustibles que se concretaron entre 2008 y 2010.
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