La decisión, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de julio, fue resuelta mediante la resolución 23, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro Florencio Randazzo. "Es dable tener presente que el Poder Ejecutivo Nacional se halla implementando distintas medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas y combatir el tráfico ilícito de migrantes...", argumenta la disposición.
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