Durante casi tres años, los investigadores pretendieron sostener la hipótesis de que el ecologista Carlos Alberto Castello (62) se había suicidado en octubre de 2008, en la ciudad bonaerense de Lobos. Pero la persistencia de los familiares de la víctima y el peso de algunas pruebas provocaron un giro en el caso: ahora la Justicia puso la lupa sobre cuatro policías, sospechados de encubrir el crimen y de manipular pericias.
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