El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
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