Los diputados aprobaron el proyecto presentado por Carlos Rovira para incorporar un artículo que refiere expresamente a la imposibilidad del Poder Ejecutivo de realizar actos, o disponer medidas reglamentarias, para la aplicación de la Ley XVI Nº 99, que pudieran afectar los fines del Parque Nacional Iguazú. Además, se especifica que las decisiones que pudieran afectar los recursos naturales y ambientales las adoptará con conocimiento de los concejos deliberantes de los lugares comprometidos. La ley entrará en vigencia a partir de su sanción.
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