La justicia busca determinar si el sindicalista es el autor intelectual de una "ingeniería" empresarial que le permitió sustraer más de $ 570 millones a través de la contratación de prestatarias que gerenciaban su mujer, su hijo Pablo y otros familiares. La maniobra se habría puesto en evidencia a partir de cuatro registros de operaciones sospechosas que remitieron los bancos.
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