La Corte Suprema declaró inconstitucional el articulo de la ley previsional que puso un tope de 35 años para el calculo de la jubilación estatal, para los trabajadores que hubieran aportado más años que ese límite. Y ratificó la aplicación de la movilidad del caso Badaro, que había sido apelada por la ANSeS en las instancias anteriores.
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