El Superior Tribunal de Justicia de la provincia reiteró que los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas y dar a conocer sus actos porque la publicidad de la gestión es un principio del sistema republicano de gobierno, a partir del poder que los ciudadanos depositan en sus representantes para que atienden las cuestiones comunes a todos y, justamente, como administradores de la cosa pública.
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