La presunta amenaza de la llegada desde Buenos Aires de habitantes de la Villa 31 con intenciones de usurpar tierras cordilleranas obligó a los gobiernos de Río Negro y Chubut a pedir a la Gendarmería que despliegue un operativo de control extraordinario en la zona. Una serie de denuncias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ante el Juzgado Federal de Bariloche sobre continuas ocupaciones ilegales alimentaron rumores de que se estarían gestando nuevos asentamientos ilegales.
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