Nueve meses después de que fuera sancionada, la ley antiterrorista fue utilizada por primera vez en la Argentina: la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó congelarle los fondos a una empresa de apuestas, acusada de ser el principal sustento de Jorge Raúl Vildoza, prófugo de la Justicia por el robo de un menor durante la última dictadura militar. Vildoza era el segundo al mando del centro clandestino que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Su hijo Jorge Ernesto Vildoza, titular de American Data, también sufrió el congelamiento de sus fondos.
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