Si quince días atrás, fue el titular de la Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo, quien en persona se presentó en el Congreso para dejar en claro el rechazo de la Iglesia al nuevo Código Civil, ayer fue la diputada porteña María Rachid quien pidió que se le retire al culto católico la categoría de "persona jurídica de carácter público". Es decir, que se le baje un escalón en el status jurídico.
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