Pese a que el discurso de los derechos humanos es eje de su estrategia, el Gobierno paró la pelota y espera. El destino del proyecto para crear un mecanismo nacional de prevención contra la tortura está en manos de la mayoría oficialista, pero no hay tiempos concretos para que el Senado lo convierta en ley. El plenario de comisiones para tratar el proyecto que viene con media sanción de diputados fue suspendido tres veces por falta de quórum. Y la oposición sólo pudo hasta ahora reclamar celeridad.
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