La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantiene en vigencia la vieja resolución 256 del año 1998, aplicada durante el gobierno de Carlos Menem. La misma establece que el tope de una factura para consumidor final es de $250. De superar esa cifra, el comercio deberá entregar al usuario una Factura B, donde se consignan sus datos fiscales.
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