La noticia surgida de uno de los sectores gremiales judiciales que da cuenta de que la deuda con los trabajadores llegaría a los 3.150 millones de pesos por el no cumplimiento de la ley de enganche por un aumento que se otorgó el Superior Tribunal en 1991, sorprendió a las autoridades gubernamentales de la provincia que en forma inmediata dieron cuenta de que lo que se conoce es la sentencia en el denominado caso Müller y que favorece exclusivamente a quien presentó la demanda, pero que no está firme el resto de las demandas.
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