Además de un derecho, ahora también es una obligación estudiar en las cárceles argentinas. Así quedó establecido ayer tras la publicación en el Boletín Oficial de la norma 26.695. La cuestión es "garantizar la igualdad y gratuidad" de la enseñanza, en tanto que se le asigna al Estado la responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de calidad a los detenidos.
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